MEDIOS COMUNITARIOS
DENUNCIAN INCUMPLIMIENTO EN LA PAUTA OFICIAL Y ALERTAN SOBRE RIESGO PARA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN BOGOTÁ.
Bogotá
D.C., marzo de 2026.
La Mesa Distrital de Trabajo de la Política Pública de Comunicación Comunitaria
y Alternativa radicó un requerimiento formal ante la Alcaldía Mayor de Bogotá,
en el que denuncia presuntos incumplimientos legales en la distribución de la
pauta oficial y en la ejecución de recursos destinados al fortalecimiento del
sector.
El
documento, dirigido al alcalde Carlos Fernando Galán y a su gabinete, advierte
que las decisiones adoptadas por la administración distrital y algunas
alcaldías locales podrían estar afectando derechos fundamentales como la
libertad de expresión, el acceso a la información y la participación ciudadana.
Brecha
entre la norma y la ejecución
Uno de los
principales cuestionamientos se centra en la diferencia entre lo establecido en
el Plan Distrital de Desarrollo y la asignación real de recursos.
De acuerdo
con el Acuerdo 927 de 2024, el Distrito debe destinar hasta el 10%
del presupuesto de comunicaciones a medios comunitarios y alternativos como
medida de acción afirmativa. Sin embargo, según cifras presentadas en la
petición:
- En 2024, de más de $8.200
millones ejecutados en pauta oficial, solo el 0,48% fue
asignado a medios comunitarios.
- Para 2025, las
proyecciones apenas alcanzarían el 1,16%.
Para los
representantes del sector, esta situación evidencia una brecha significativa
frente a lo dispuesto en la normativa y refleja una concentración de recursos
en medios tradicionales.
Marco
legal y derechos en juego
Los
firmantes recuerdan que el ordenamiento jurídico colombiano establece
obligaciones claras frente a la promoción del pluralismo informativo.
La Constitución
Política protege la libertad de expresión (artículo 20), la actividad
periodística (artículo 73) y el acceso a la información (artículo 74), así como
el derecho a la participación ciudadana (artículo 40).
En el ámbito
distrital, estas garantías se desarrollan en normas como el Acuerdo 292 de
2007, el Decreto 149 de 2008 y el Decreto 642 de 2025, que
establecen lineamientos para el fortalecimiento de la comunicación comunitaria.
En ese
contexto, los medios comunitarios no solo son actores informativos, sino
también microempresas culturales y sociales, con derechos en sectores
como desarrollo económico, cultura y participación.
Impacto
en la sostenibilidad del sector
El documento
advierte que la baja asignación de recursos tiene efectos directos sobre la
sostenibilidad de los medios comunitarios.
Según los
voceros, la exclusión sistemática del acceso a la pauta oficial —principal
fuente de ingresos en muchos casos— podría constituir una restricción
indirecta a la libertad de expresión, concepto desarrollado por la
jurisprudencia constitucional al señalar que este derecho también depende de
condiciones materiales para su ejercicio.
Cuestionamientos
en las localidades
La petición
también detalla situaciones específicas en varias localidades:
- Engativá: se denuncia un recorte del 35,7%
de los recursos priorizados para medios comunitarios, redireccionados
hacia contratos de apoyo institucional.
- Suba: se cuestionan decisiones
administrativas en el marco de presupuestos participativos, incluyendo
exigencias como comodatos o requisitos no contemplados en lineamientos
oficiales.
- Fontibón: se reporta una reducción del 58,6%
del presupuesto destinado a medios locales, lo que, según los
denunciantes, desconoce decisiones adoptadas por instancias de
participación.
Para los firmantes, estos hechos podrían afectar el principio de confianza legítima y debilitar los procesos de participación ciudadana.
Observaciones sobre el fortalecimiento del sector
Adicionalmente,
se plantean críticas frente a la entrega de equipos tecnológicos en el marco de
programas de fortalecimiento. Según el análisis presentado, algunos de estos
insumos no cumplirían con estándares técnicos adecuados para la producción de
contenidos, lo que podría traducirse en un uso ineficiente de los recursos
públicos.
También se cuestionan interpretaciones restrictivas sobre la territorialidad de los medios, al limitar su reconocimiento al lugar de residencia de sus directores desconociendo su trayectoria y cobertura en los territorios.
Solicitud
de diálogo y posibles acciones legales
Ante este
panorama, la Mesa Distrital solicitó la realización de una reunión
interinstitucional urgente con la Alcaldía Mayor y su gabinete, con el fin de
revisar la asignación de recursos y establecer un cronograma de cumplimiento
normativo.
Asimismo,
advirtieron que, en caso de no obtener una respuesta de fondo, podrían acudir a
mecanismos judiciales como la acción de tutela, al considerar que se estaría
configurando una vulneración de derechos fundamentales.
Un debate
sobre el modelo de comunicación en la ciudad
El caso abre
una discusión más amplia sobre el modelo de comunicación pública en Bogotá.
Mientras los medios comunitarios reclaman una mayor participación en la
distribución de recursos, el debate gira en torno a cómo garantizar el
pluralismo informativo y el acceso equitativo a la información en una ciudad
diversa.
La respuesta de la administración distrital será determinante para establecer si se ajustan los mecanismos actuales o si el conflicto escala al ámbito judicial.
Contacto
para prensa
Mesa
Distrital de Trabajo de la Política Pública de Comunicación Comunitaria y
Alternativa (2025-2029) 📩 medioscomunitariosunidos@gmail.com
